Las Buenas Prácticas Agropecuarias ya tienen fuerza de ley

Esta tarde, la Legislatura Unicameral de la Provincia de Córdoba aprobó la Ley 10.663 del Programa de Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA). Con la promulgación de la Ley, esta iniciativa que lleva adelante el Ministerio de Agricultura y Ganadería tiene garantizada su continuidad en el tiempo, y además se dejan establecidos los criterios generales de funcionamiento y metodologías de trabajo.

La sanción del mencionado instrumento legal, vuelve a instalar a Córdoba como pionera en una propuesta que no tiene antecedentes al menos en el país: se trata de la primera ley que deja establecida una forma de producir cuidando los recursos e incentivando a los productores que hacen bien las cosas.

 

Con la presencia en el recinto del titular de la cartera productiva, Sergio Busso, y todo el equipo de trabajo del ministerio que de manera directa o indirecta tienen vinculación con el programa, y del presidente provisorio de la Legislatura Unicameral, Oscar González, los legisladores aprobaron la ley cerca de las 18, ante una gran cantidad de asistentes que llegaron al recinto para apoyar esta propuesta.

 

Estuvieron presentes los ministros de Ciencia, Walter Robledo y de Industria, Roberto Avalle, carteras que junto a Agricultura conforman el denominado Gabinete Productivo; representantes de las 50 entidades del sector productivo que integran el Consejo Consultivo de Buenas Prácticas Agropecuarias, además de docentes y alleyumnos de 32 colegios agrotécnicos que este año validaron prácticas en el programa y resultaron beneficiarios del mismo; también profesionales y dirigentes provinciales y nacionales de organismos y gremios del campo, entre otros.

 

Qué establece la ley

Como ejes principales, la ley designa al Ministerio de Agricultura y Ganadería como autoridad de aplicación del programa, y deja instituidos como incentivos del mismo Aportes Económicos no Reintegrables (ANR) para el productor que desarrolle sus actividades en el territorio provincial, bajo las condiciones que establece el denominado Manual Operativo del programa; y ANR para instituciones, entidades y organizaciones que colaboren  y participen de su implementación, difusión y ejecución.

También deja establecida la creación de un Fondo de Promoción y Desarrollo de las Buenas Prácticas Agropecuarias, para que en cada ciclo anual se atiendan las erogaciones que demanda la implementación y ejecución. No menor es el capítulo que determina al Consejo Consultivo de BPA (que hoy está conformado por 50 entidades del agro) como órgano de consulta, asesoramiento  y colaboración en todo lo referido al funcionamiento del programa.

 

Las BPA

Las Buenas Prácticas Agropecuarias son un conjunto de principios, normas y recomendaciones técnicas tendientes a reducir los riesgos físicos, químicos y biológicos en la producción, procesamiento, almacenamiento y transporte de productos de origen agropecuario. Estas técnicas están orientadas a asegurar la inocuidad del producto, la protección del ambiente y del personal que trabaja para ello.

 

Es importante destacar lo expresado en los párrafos precedentes: se trata de una política pública sin antecedentes en Argentina, lo que ubica a Córdoba nuevamente a la vanguardia en materia de medidas que tiendan al desarrollo del sector agroindustrial. El propio gobernador Juan Schiaretti tomó la decisión de llevar adelante este programa en 2017, ante la propuesta presentada por el ministro Busso y representantes del sector.

 

El Programa Provincial de BPA tiene como metas conservar el suelo, manejar de manera eficiente el agua, innovar tecnológicamente, capacitar, eficientizar la registración de los procedimientos, mejorar las relaciones con las comunidades, disminuir los impactos de las actividades y fundamentalmente producir protegiendo los recursos.

El beneficiario del programa es todo productor agropecuario adherido al mismo, y que valida una serie de prácticas a las que se le asigna desde la Provincia un valor económico, de manera que mientras más prácticas se ingresen, más alto es el aporte que se recibe a manera de incentivo para continuar produciendo de manera sostenible.

 

“Pero además, se trata de una iniciativa que trasciende lo económico, y que ya se instaló a manera de una verdadera transformación cultural, porque el productor sabe que si no cuida recursos como el suelo, por ejemplo, no se puede garantizar el futuro y las bases para las generaciones venideras.

 

Realizar prácticas conservacionistas, aplicar los paquetes tecnológicos de manera correcta, utilizar innovación tecnológica, capacitarse, asociarse en entidades de productores como consorcios camineros, canaleros o de conservación de suelos, son acciones que sí nos garantizan el futuro. Y una muestra del compromiso que se tiene es que más allá del aporte, al productor le interesa colgar en su tranquera el cartel que lo identifica como adherente al programa, se siente orgulloso de ello”, dijo el ministro Sergio Busso, apenas aprobada la ley.